segunda parte.
Es claro que el sector turismo es uno de los mayores promotores de crecimiento económico de la región y gran demandante del recurso hídrico, “ligado al agua para consumo humano y las instalaciones (piscinas) y para el riego (jardines, campos de golf). Por tanto, las prácticas que utilicen son importantes en términos del manejo de una demanda que será creciente en el tiempo y donde la ediciencia se converiete en un factor de relevancia” (6). Los patrones de desarrollo económico han incrementado la demanda por el agua, lo que ha impuesto una enorme presión sobre el recurso y también sobre las entidades a cargo de su administración, en el otorgamiento de concesiones, en el control de vertidos y en el suministro agua para diversos usos.
Es por eso que, casos como el del acuífuero Nimboyores y el conflicto entre comunidades costeras y Desarrollos Hoteleros de Guanacaste S.A. (Hotel Melía por el agua en Sardinal (desde el 2008) por la firma del convenio entre el AyA y Coco Water sin estudios serios sobre el estado el acuífero y la disponibilidad de agua para el futuro, siguen manteniendo encendida la alerta roja en las comunidades guanacastecas.
Algunos grupos ambientalistas afirman que continúa el desorden conveniente a favor de empresarios, algunos del sector turismo, para que se les otorgue disponibilidades de agua en lugares donde no se puede otorgar, traficar con el agua potable, usar pozos ilegales, recibir concesiones de manera sospechosa, uso inadecuado de la ZMT, etc. “El problema del aprovechamiento ilegal de agua es especialmente frecuente en el cantón de Liberia, representando un 66% de los conflictos por el líquido que se presentan en este cantón. El aprovechamiento ilegal es el conflicto más común en Santa Cruz, que se caracteriza por el acelerado desarrollo turístico.
Por su parte, la invasión de áreas de protección es el problema más frecuente en Lepanto. Abangares se coloca como el cantón que menos conflictos por el agua registra (3%)” (7). El acueducto de Papagayo Sur (Trancas), inaugurado en marzo 2019, conuna inversión de US $5.9 millones, gracias un convenio de cooperación entre
el AyA, el ICT y el sector empresarial turístico, ha sido un interesante ejemplo de una alianza público-privada para satisfacer las crecientes necesidades del
exigente sector turístico. Lo que se debe procurar, y poco se hace, es que las comunidades aledañas también sean beneficiadas de estas grandes inversiones, particularmente los acueductos rurales (ASADAS), a fin de favorecer también a las poblaciones vecinas a los grandes hoteles.
No se ha superado la situación que se viene denunciando desde muchos años atrás con respecto a la contratación de mano de obra migrante tanto para la construcción como para el mantenimiento de jardines, instalaciones deportivas, aseo y otras labores muy mal pagadas y lejanas al control del Ministerio de Trabajo, el INS y la CCSS, cuyos inspectores se siguen haciendo de la vista gorda cuando reciben quejas y hacen sus visitas sin la atenta fiscalización que merece este fenómeno.
También la dinámica migratoria interna sigue poniendo a la Región Chorotega a la cabeza durante los últimos años, pese a la ligera baja en el 2020, afectando la estabilidad familiar y el derecho ciudadano a tener opciones laborales cerca de su residencia, sin necesidad de desplazarse a la Meseta Central. Siguen siendo sospechosas las quemas accidentales de algunos manglares, la desviación de quebradas, instalación de tuberías ocultas bajo la arena de las playas, losrápidos permisos que dan las instituciones para la corta de árboles de cualquier especie y los movimientos de suelos en zonas peligrosas, al igual que los permisos de construcción en zonas donde escasea o está restringida la dotación de agua potable y que todavía existan playas privadas, con acceso restringido para los ciudadanos. Hay Alcaldes Municipales que todavía gozan de habitaciones a discreción en algunos grandes hoteles, y funcionarios públicos que financian fiestas con aportes y favores de hoteles de la zona…en fin, viejos males que todavía no se han erradicado como se debiera.
Por eso, urge planificar cuidadosamente el desarrollo residencial turístico y el fuerte impacto que continúan recibiendo algunas poblaciones rurales guanacastecas, para preservar nuestros valores culturales y el patrimonio natural, erradicando, de una vez por todas, la corrupción estatal y el turismo sexual todavía presente en Tamarindo, El Coco y otras zonas con fuerte impacto turístico. Con un promedio de 12 nacimientos de madres adolescentes por cada cien nacimientos(año 2020), Guanacaste sigue liderando entre las provincias con mayor porcentaje de embarazo infantil.
Tal situación no se puede achacar al turismo, pero sin duda alguna, tampoco deja de tener responsabilidad compartida en este fenómeno. Considerando que aproximadamente la mitad de los turistas que visitan el país se hospedan al menos una noche en Guanacaste, haciendo que la población flotante sea más de dos veces el total de la población que reside en la Región Chorotega, instamos a las autoridades regionales y a nuestros diputados a trazar políticas y nueva legislación que favorezca beneficios más evidentes para nuestra población y a fomentar diversas campañas que fomenten nuestra idiosincrasia y aumenten el emprendurismo local para aprovechar la presencia mayoritaria de turistas, que esperamos no sigan siendo escondidos en la burbuja de las grandes cadenas hoteleras. Sino que puedan también tener contacto con nuestra gente y las ofertas comunales y de nuestro entorno natural, particularmente del turismo rural comunitario. Por eso consideramos que pocos emprendimientos turísticos pueden celebrar a consciencia, como se debe, el 14 de noviembre: “día mundial del turismo responsable”, entre ellos Punta Islita, considerando, además de la minimización de su impacto ecológico mediante el cuidado y la preservación de las especies y el ecosistema, la despreocupación por el desarrollo integral de las comunidades vecinas al emprendimiento turístico, de sus pobladores y de los trabajadores de sus empresas, a quienes pretenden engañar llamándolos “colaboradores”.
Somos conscientes que la actividad turística ha decaído los últimos años, entre otros factores por la pandemia provocada por el COVID-19, el retroceso histórico del dólar y el aumento de la delincuencia contra el turismo, y que la recuperación tal vez no ha correspondido con la expectativa. Esta pausa histórica debería ser aprovechada por las autoridades políticas y la ciudadanía activa para evaluar e impacto del turismo en la provincia, señalando sus aciertos y consecuencias negativas, buscando reorientar y remediar los pasos históricos mal dados.
Con el fin de que todos los guanacastecos podamos soñar tiempos mejores, y no solo los grandes inversionistas nacionales y extranjeros amparados en una legislación complaciente y poco equitativa de la repartición de los beneficios del turismo, reyes absolutos de la gallina y sus huevos de oro.
NOTAS:
(1): MIDEPLAN con datos de INEC (Estimaciones y Proyecciones Poblacionales 2011-2050).
(2) MINAE-MIDEPLAN, Plan de infraestructura y gestión integrada de agua para el Pacifico Norte 2020-2030, diagnóstico descriptivo de la Región Chorotega. Elaborado por Mauren Ballestero Vargas y otros, San José, 2019.
(3): MIDEPLAN: estadísticas regionales 2016-2020, San José, 2021, pág. 13.
(4): IFAM: Acueductos municipales.
Elaborado por Maribel Pérez y Ronulfo Alvarado, serie servicios municipales: N°1, San José 2003, pág. 81
(5): MINAE-MIDEPLAN, op. cit. pág.126
(6): IBID, pág. 127
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