La Universidad de Costa Rica (UCR), la institución académica más importante del país, alzó la voz contra el proyecto de ley expediente N.º 23.148, titulado «Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre», advirtiendo que su eventual aprobación representaría una amenaza directa al patrimonio natural, social y jurídico de Costa Rica.
Mediante un acuerdo adoptado en la sesión N.º 6892 del Consejo Universitario, celebrada el pasado 22 de abril, la UCR recomendó tajantemente el rechazo del proyecto, basándose en criterios técnicos emitidos por sus instancias académicas especializadas. La decisión se apoya en los análisis de la Escuela de Biología, la Escuela de Geografía y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), quienes emitieron valoraciones contundentes sobre los riesgos que implica esta iniciativa legislativa.
Amenaza a la naturaleza y a la institucionalidad
El centro de la preocupación radica en que el proyecto abriría la puerta a actividades comerciales y turísticas dentro de la zona pública costera —específicamente en la zona marítimo-terrestre— sin las salvaguardas necesarias en materia ambiental y técnica. Esto, según la UCR, pone en peligro la integridad jurídica de un espacio público que, por mandato constitucional, es inalienable e imprescriptible. “El proyecto no está sustentado en estudios científicos ni contempla adecuadamente la fragilidad ambiental de la franja costera. Más aún, puede convertirse en un instrumento para favorecer intereses privados en detrimento de los derechos colectivos”, alertó la universidad.
Uno de los puntos más criticados es la posibilidad de que las municipalidades otorguen permisos de uso en condición de precario, sin estudios de capacidad de carga ni planes reguladores costeros que garanticen un ordenamiento territorial sostenible. Esta omisión, según los expertos universitarios, no solo representa un vacío técnico grave, sino que abre la puerta a un uso descontrolado del territorio costero, afectando directamente ecosistemas vulnerables como manglares, dunas y estuarios.
Permisos precarios, riesgo permanente Para la UCR, la inclusión de figuras como los permisos de uso en precario constituye una forma de “privatización encubierta” del espacio público. Aunque estos permisos no transfieren legalmente la propiedad, sí permiten ocupaciones materiales prolongadas que podrían volverse permanentes, violando principios constitucionales sobre el uso común y el acceso universal a las playas y zonas costeras.
En la práctica, estos permisos podrían facilitar el establecimiento de infraestructuras privadas que obstaculicen el acceso a las playas, algo que ya ocurre en ciertas zonas del país, donde los proyectos turísticos y de lujo han desplazado a comunidades costeras tradicionales.
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