Más de 70 organizaciones e instancias de diversos tipos, así como otras tantas personas activistas firmaron una carta al diputado del PUSC Carlos Andrés Robles, en la que plantean la “reconsideración integral” del proyecto de “Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre” (Exp. 23.148), “específicamente en lo referente a la autorización de permisos de uso en la zona pública”.
De manera específica la misiva apunta a la propuesta introduce nuevos artículos 22 bis y 22 ter a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043), en los cuales se autoriza a las municipalidades e intendencias a otorgar permisos de uso en precario en zona pública. “La implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público”, señalan las personas e instancias firmantes”.
Además apuntan que la propuesta “establece un mecanismo que favorece la apropiación del espacio público por parte de actores económicamente privilegiados, generando una barrera de acceso para la población general”, lo cual “promueve un
proceso de gentrificación costera que resulta incompatible con los principios constitucionales de igualdad y acceso universal a los bienes demaniales”.
Desarrollo costero sostenible
Por otra parte, la carta reconoce que el proyecto establece prohibiciones específicas sobre infraestructura permanente, pero destaca que “la ocupación extensiva mediante mobiliario comercial representa una alteración sustancial del ecosistema costero y del paisaje natural, elementos que constituyen patrimonio nacional según nuestra legislación ambiental”.
Además consideran que la aprobación del proyecto constituiría un “precedente jurídico preocupante”, pues “la implementación de este sistema de permisos precarios podría sentar un precedente para futuras modificaciones que debiliten aún más la protección de la zona pública, contraviniendo décadas de jurisprudencia constitucional sobre la materia”.
Otro problema señalado es que si bien la propuesta incluye inspecciones mensuales, “la experiencia histórica en la gestión de la zona marítimo terrestre demuestra las limitaciones institucionales para ejercer un control efectivo sobre las actividades comerciales en estas áreas”.
Por todo ello se solicita, además de la ya mencionada reconsideración integral del proyecto de ley, la apertura de un espacio de diálogo “que incluya la participación de comunidades costeras, organizaciones ambientalistas y expertos en derecho ambiental y urbanístico”. También se pide el desarrollo de “alternativas legislativas que promuevan un desarrollo costero verdaderamente sostenible y equitativo, sin comprometer el carácter público de la zona marítimo terrestre”.
El texto fue elaborado por el Colectivo Antigentrificacion.cr, con la colaboración del Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la
Escuela de Geografía UCR. Fuente. Semanario Universidad.
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