El Programa Estado de la Nación (PEN) adscrito al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) presentó el Informe del Estado de la Nación Nº30. Al cierre del primer cuarto del siglo XXI, Costa Rica atraviesa por una peligrosa situación que, mal atendida, tiene el potencial de desestabilizar logros históricos de su desarrollo humano sostenible y de su democracia.
Conclusiones del Informe del Estado de la Nación
Los cambios de las últimas tres décadas crearon progreso, pero también tensiones y desafíos para cumplir con el contrato social costarricense: Un período de múltiples y complejas transformaciones históricas. Se expandieron los alcances del contrato social, pero sin resolver los puntos ciegos del estilo de desarrollo. El crecimiento y la estabilidad macroeconómica se están logrando a costa de crecientes agrietamientos del contrato social:
Mejora fiscal se logra por recortes en la inversión social pública e infraestructura y de los recursos para la gestión ambiental. El agrietamiento del contrato social tiene consecuencias en las poblaciones más vulnerables. Emergen cuestionamientos políticos a la pertinencia del contrato social.
Un sistema político enfrascado en un conflicto entre poderes institucionales obstruye la atención de los desafíos del desarrollo humano: Conflicto de poderes de la república “apaga” el uso de poderes formales e informales indispensables para la política pública, pero “enciende” otros que generan entrabamiento y antagonismo.
Judicialización de la política en un escenario de desarticulación de la sociedad civil y de polarización afectiva sobre la figura del presidente. El crimen organizado irrumpe como grave amenaza al desarrollo humano y la democracia costarricense: El crimen organizado es el principal factor detrás del aumento de la violencia homicida. La violencia homicida del crimen organizado forma parte de un círculo vicioso contrario al desarrollo humano.
La política de seguridad pública fue insuficiente para prevenir el auge del crimen organizado y es lenta para ajustarse a la nueva realidad. Especialistas y sociedad civil coinciden en la prioridad de la prevención social y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta policial. Deterioro del ingreso de los hogares en la última década dificulta bajar la pobreza y la desigualdad por debajo del promedio histórico.
Baja ingreso de hogares: El ingreso promedio de los hogares en el 2023 es casi una quinta parte inferior al reportado hace 10 años. Pobreza por ingresos se acerca al promedio de mediano plazo, la mutidimensional sigue bajando y alcanza el mínimo. En 30 años el perfil de pobreza cambió poco, pero sobresale su aumento en la niñez y adolescencia. Disminuye el porcentaje de hogares en condición de vulnerabilidad a la pobreza en comparación con 30 años atrás, sin progresos en la última década.
Las amplias disparidades en los recursos asignados y en el uso de los servicios en las áreas de salud refuerzan las desigualdades en el territorio. Manejo político de la inversión social pública aplica recortes en servicios sociales fundamentales para el desarrollo humano de la población. Se estanca la inversión social real por habitante por cuarto año consecutivo. Servicios en educación y salud sufren los mayores recortes, crecen los rubros de pensiones y servicios municipales.
La inversión social en programas selectivos pierde prioridad. De mantenerse la política fiscal actual en el próximo quinquenio, los escenarios para los programas sociales son poco alentadores. La prioridad de la política social de combate de la pobreza cambia hacia un enfoque más asistencial. Beneficios sociales hasta el 2020 incluyen programas asistenciales y de formación de capital humano y productivo. Ante la contracción de la inversión social en el 2023, se prioriza en la población pobre con programas asistenciales.
Deterioro en las oportunidades de empleo y salida del mercado laboral afectan simultáneamente a poblaciones vulnerables En el 2023 se contrajo simultáneamente el empleo y el desempleo. Creación de empleos formales es insuficiente para cubrir la pérdida de los informales. Continúa el aumento de las personas en edad de trabajar fuera del mercado laboral. Después de cuatro años, los empleos de baja calificación recuperan los ingresos laborales.
Falta de acceso a derechos básicos para la niñez, la población joven y de las zonas costeras nutre la crisis de seguridad ciudadana y empeora la integración social Tasa de homicidios se disparó en el 2023 a 17,2 casos por 100.000 habitantes. La creciente violencia homicida es más intensa en zonas de alto rezago social y con importante presencia de menores de edad. Cantones con altas tasas de homicidios se ubican principalmente en zonas costeras del Caribe y del Pacífico Central.
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