La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) realizará una investigación preliminar para determinar si hubo alguna falta a la normativa ambiental en el otorgamiento de permisos al proyecto inmobiliario Vistas de Sámara y si hay responsabilidades desde el punto de vista legal. La Setena hizo el anuncio, al tiempo que comunicó la anulación de la Viabilidad Ambiental del megaproyecto, que buscaba construir 37 torres de apartamentos con 3.293 unidades familiares y 333 lotes de 120 metros cuadrados, en Cangrejal de Playa Sámara, Nicoya.
El desarrollador Parkside Inmobiliaria S.A. solicitó la viabilidad ambiental el 12 de febrero y la Setena se la aprobó el 28 de febrero —según la resolución 0318-2024-SETENA—. Sin embargo, vecinos, liderados por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Sámara y la Coalición por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente denunciaron que no se consideró la disposición de agua potable y que el desarrollo se ubicaría próximo al humedal del río Lagarto, el cual la comunidad lucha por recuperar.
Asimismo, el abogado especialista en derecho ambiental, Álvaro Sagot, tramitó ante la Setena una “gestión de nulidad de la licencia ambiental” y la revocatoria de ésta, lo cual finalmente se dio. En una resolución (1888-2024-SETENA) emitida el pasado 30 de octubre, la Setena archivó el expediente del proyecto y dejó sin efecto la licencia de viabilidad ambiental. Cabe mencionar que el desarrollador del proyecto también había solicitado archivar el expediente porque dijo que no iba a continuar con el mismo. No obstante, no se refirió a los cuestionamientos planteados en la gestión de nulidad presentada por Sagot.
Ecosistema de humedal
La Setena ordenó “la apertura a una Investigación Preliminar (…) con el fin de determinar si hay responsabilidades y en esa línea mérito para aperturas de los órganos directores que corresponda, y según los hallazgos se hagan las recomendaciones de mejora que correspondan desde el punto de vista técnico y legal”. La investigación será conducida por la Secretaría General a.i. de la Setena,
presidida por el Andrés Cortez Orozco, la Dirección Técnica dirigida por Mario Coto Hidalgo y el Departamento de Asesoría Legal, encabezado por Karla Martos Ramírez.
Cuando planteó el incidente de nulidad, Sagot argumentó que el proyecto se aprobó en inmuebles donde se ubica una zona que forma parte de un ecosistema de humedal y bosque manglar, el
cual desde fechas no puntualizadas fue destruido y drenado. En junio de este año, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y le ordenó tomar medidas para frenar SETENA se apeó megaproyecto habitacional en playa Sámara.
Atentaba contra zonas ambientales claves
El megaproyecto inmobiliario se iba a ubicar próximo al humedal y estero del río Lagarto, el cual la comunidad de Sámara lucha por recuperar. las obras de eliminación y relleno en el humedal y estero del río Lagarto de Playa Sámara, al ser áreas de alta fragilidad ambiental y Patrimonio Natural del Estado.
Sagot planteó que la Setena otorgó la Viabilidad Ambiental sobre un inmueble donde no se analizaron los aspectos antes mencionados y que la Setena debería más bien colaborar con el Sinac
en la restauración de los ecosistemas. También señaló que se aprobó un mega proyecto con una declaración jurada de compromisos ambientales; que la revisión por parte de la Setena se realizó en
un periodo muy corto y no se realizó por un equipo multidisciplinario apropiado; y que la Setena no verificó que no existe un certificado de uso de suelo real debidamente sustentado para el
proyecto presentado.
Asimismo, indicó que el estudio biológico revela que las fincas o parte de estas aún están en condiciones de humedal, lo mismo que el área de Zona Marítimo Terrestre; que no se valoraron de forma detallada y completa las amenazas naturales que tiene el terreno; que la alta vulnerabilidad hidrogeológica que tiene el terreno y la aplicación de la matriz del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) determinan que el proyecto planteado tal como está no es viable; y que no se solicitó Estudio de Impacto Ambiental.
El abogado cuestionó además, la legitimidad de la empresa para pedir la viabilidad ambiental sobre bienes que son de dominio público, ya que el proyecto se ubica dentro de la Zona Marítimo Terrestre, pero no tiene una concesión válida, pues esta caducó en el 2009. Fuente: Semanario Universidad.
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