El desarrollo de un país no es obra de la casualidad, es el resultado de decisiones conscientes, del esfuerzo y compromiso de sus ciudadanos. Todos los costarricenses anhelamos un país más próspero, más inclusivo, uno donde las oportunidades de mejora no sean obra de la casualidad, sino del esfuerzo individual y colectivo. Por mucho tiempo, los costarricenses nos hemos sentido orgullosos de un contrato social que nos permitió alcanzar altos estándares de calidad en materia educativa, de salud, seguridad y equidad social.
Hoy, ese contrato está bajo amenaza. Actualmente, presenciamos un preocupante fenómeno populista. Un grupo importante de diputados en la Asamblea Legislativa muestra una dicotomía populista en su pensamiento. Mientras que por un lado exigen un aumento en el gasto social, a fin de satisfacer demandas legítimas, por el otro, esas mismas voces promueven propuestas de ley que buscan reducir los ingresos del Estado, debilitando así su capacidad para cumplir con las obligaciones que el modelo social costarricense demanda.
A modo de ejemplo, entre mayo de 2022 y octubre de 2024, los actuales legisladores han presentado e impulsado 44 proyectos de ley que buscan crear exoneraciones o eliminar impuestos, donde con solo 15 de estos pudieron haber generado una reducción en los ingresos del Estado por ¢2.642.934 millones (5,4% del Producto Interno Bruto), poco más del presupuesto del Ministerio de Educación Pública para 2025.
El bienestar social de Costa Rica no es gratis. Un aumento constante del gasto sin un financiamiento, además de irresponsable, es insostenible. Cada colón que se gasta proviene de los recursos aportados por todos y cada uno de los habitantes de nuestro país mediante el pago de impuestos, siendo responsabilidad del Estado gestionar esos recursos con prudencia y visión de largo plazo.
Creer que el gasto social puede financiarse con deuda, además de populista, es una irresponsabilidad. Aunque el endeudamiento puede utilizarse como una medida temporal cuando exista un faltante transitorio en la recaudación de impuestos, utilizarlo como una fuente permanente de financiamiento será, a largo plazo, nocivo para el contrato social costarricense. A medida que la deuda crezca, más tiempo tomará salir del escenario más estricto de la regla fiscal y más pago de intereses se deberá realizar, limitando el espacio de gasto del Gobierno, al tiempo que se desvían recursos que bien podrían dirigirse a actividades de mayor impacto social.
Este populismo fiscal presenta una paradoja. ¿Cómo se puede exigir más dinero para educación, si los recursos para invertir en este sector se reducen cada vez más? ¿Cómo pretendemos aumentar el gasto en seguridad, si recortamos los fondos que garantizan su funcionamiento? ¿Cómo se impulsan proyectos que lejos de beneficiar a las personas más pobres, sirven a los más ricos? Estas son solo algunas preguntas que quienes impulsan tales reformas, huyen y evitan responder con transparencia.
Es momento de hacer una reflexión sobre la Costa Rica que anhelamos y queremos. El país que soñamos no puede construirse sobre la base de promesas sin sustento financiero. Si no somos responsables con el presupuesto del Estado, las repercusiones económicas no tardarán en sentirse. Los grandes avances fiscales que el país ha logrado en los últimos años podrían ser borrados por el pensamiento cortoplacista y populista de algunos. Con cada una de estas iniciativas que se materializa, se le resta capacidad al Estado para ofrecer servicios públicos de calidad, lo que a la postre profundizará más las desigualdades y el descontento social. Costa Rica, por mucho tiempo, fue un ejemplo de cómo un pequeño territorio fue capaz de lograr grandes objetivos, gracias a una visión responsable de largo plazo. Para seguir avanzando, es vital una política fiscal férrea y clara de cómo financiar el bienestar que deseamos.
No podemos ceder a las presiones de quienes buscan beneficios inmediatos a expensas del futuro de toda la población. Los tomadores de decisiones políticas de la actualidad deben analizar detenidamente cómo quieren ser recordados: ¿Como los individuos responsables, quienes tomaron las decisiones difíciles, pero necesarias para preservar el bienestar y la estabilidad del país, o como aquellos que, en nombre de soluciones fáciles y populistas, sacrificaron el futuro de Costa Rica? Los líderes de hoy están construyendo el legado que mañana será juzgado en los libros de historia.
La responsabilidad fiscal no es un tema técnico meramente; es un asunto ético y moral. Al desbalancear los ingresos y los gastos del Estado, estamos condenando a las futuras generaciones a cargar con el peso de decisiones irresponsables. No podemos permitir que el país pierda su rumbo. El tiempo de actuar con responsabilidad es ahora, tenemos que ser fuertes y resilientes para defender la Costa Rica que anhelamos y queremos.
Fuente: Diario Extra.
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