La firma autobusera Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) solicitó al Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) anular el acto mediante el cual se adjudicó la operación de la ruta 1501 — San José – Bolsón de Santa Cruz (Guanacaste)– a una firma del Grupo Caribeños y denunció que el Consejo de Transporte Público (CTP) alteró los términos del concurso convocado para esa selección.
Mediante un recurso de apelación directa y una acción de nulidad absoluta la empresa argumenta que la junta directiva del CTP adjudicó la operación de dicha ruta con base en una recomendación del Área Técnica que alteró las condiciones iniciales del concurso. “Desde TIG tomaremos esta y las demás acciones legales que sean necesarias para defender la institucionalidad y el interés de los usuarios, y que no sean víctimas, como nosotros, de manejos irregulares, ni de funcionarios públicos, ni de empresas que buscan caminos poco claros para imponerse. No solo estamos defendiendo nuestro derecho legal ante un trato anómalo, desigual e irregular, sino que procuramos además que el país ofrezca seguridad jurídica para quienes hacemos el esfuerzo de invertir para dar a los usuarios los servicios que se merecen”, expresó Faridi Alfaro, vocera de TIG.
La firma, que opera la ruta San José – Santa Cruz, detalla en su alegato que por compartir más del 80 por ciento del trayecto a Bolsón y por tener en regla la concesión, fue invitada a participar en el proceso para escoger al nuevo operador de ese recorrido, cuyo permisionario lo había abandonado.
En la invitación se establecieron las condiciones de participación, entre ellas el mayor recorrido común y la necesidad de contar con dos autobuses adecuados para brindar el servicio a dicho distrito santacruceño, explica la empresa en la apelación. Sin embargo, en la recomendación que hizo el Área Técnica del CTP, pese a que calificó la oferta de TIG como la mejor, pues ofertó dos autobuses de última generación y cero kilómetros, la dejó fuera al señalar que a la firma la cubre la prohibición del artículo 11 de la Ley de Transporte Público, pues ya opera dos rutas: San José – Santa Cruz y San José – Nicoya.
Ante esa situación, recomendaron adjudicarle la ruta a Autotransporte Colorado, empresa vinculada al Grupo Caribeños, que de entrada incumplió las condiciones del concurso, pues únicamente ofertó un autobús usado, modelo 2015. Con base en dicho criterio técnico, los directivos tomaron la decisión final y decidieron dar por bueno el cambio en los términos del concurso y entregarle la ruta al operador de la ruta San José – Abangares. Desconocieron así un acuerdo previo del CTP en que establecieron que la ruta se debía de operar con dos unidades.
La empresa TIG “planteó alternativamente dentro de la propuesta una opción de integración de la ruta 1501 con la ruta 1502, que resulta totalmente viable, empero, el ente técnico no se manifestó al respecto, limitándose a indicarlo, sin un análisis riguroso. Esto, a pesar de que desde el año 2018 y hasta el 17 de mayo del 2024, se han fusionado e integrado 11 rutas”, detalla el documento.
Debido al “atropello a las condiciones de la invitación” al concurso y al “cambio de las condiciones elementales en el último momento, en la fase resolutiva”, TIG sostiene ante el Tribunal que se afecta a los oferentes que participaron de buena fe (como es su caso) y por esas razones solicita no solo que se anule el acto de adjudicación, sino que solicita como media cautelar que se suspendan sus efectos, básicamente la entrada en operación de la empresa beneficiada de manera irregular, que según la entidad está programada para comenzar este 13 de junio.
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