La empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) reafirma que mantiene y continuará brindando el servicio de autobús entre San José y la comunidad de Bolsón de Santa Cruz, Guanacaste, pero responsabiliza a la ARESEP por una posible suspensión en la ruta.
También aclara que la incertidumbre que rodea el futuro del transporte público a esa comunidad y poblaciones vecinas no obedece a una decisión de la empresa, sino a una propuesta de revisión tarifaria que impulsa la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
En ese proceso de revisión que esa entidad pretende someter nuevamente a audiencia pública este 11 de febrero, se plantean dos escenarios que, en la práctica, excluyen el servicio a Bolsón, dejándolo sin tarifa, lo cual provocaría la suspensión inmediata del servicio.
TIG advierte que ningún servicio de transporte público puede operar sin una tarifa fijada, lo que coloca a la ruta en una situación de riesgo totalmente ajena a la voluntad de la empresa.
La firma aclara además que no ha solicitado ninguna revisión de la tarifa. Ese trámite lo impulsa, de oficio, la ARESEP, sin que la empresa tenga conocimiento de que se esté aplicando algún procedimiento similar a otras concesionarias del país, por lo que considera que se trata más de un acto persecutorio institucional que de un trámite en beneficio del usuario.
TIG expresa su preocupación por el impacto que generan decisiones regulatorias desarticuladas, arbitrarias e intempestivas, tanto para los usuarios como para la estabilidad financiera de las empresas operadoras, afectando así la continuidad y la calidad del servicio público.
El propio ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, detalló ante la prensa que más de 100 compañías de transporte público han abandonado rutas en meses recientes, esto como consecuencia, principalmente, de esquemas tarifarios que hacen la operación insostenible.
Transporte Inteligente reitera su compromiso con las comunidades a las que sirve y llama a la ARESEP y a las autoridades competentes a asumir su responsabilidad institucional, a analizar sus decisiones con criterios técnicos, coherencia jurídica y una visión clara del interés público, para no poner en riesgo servicios esenciales para gran cantidad de comunidades, como sucedería en el caso de Guanacaste.
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